Marco Normativo
Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización.
El PDA cuenta con inversiones por valor de $1.5 billones en todos los departamentos exceptuando Arauca, para proyectos de:
• Acueducto por $825.676 millones
• Alcantarillado por $551.521 millones
• Acueducto y Alcantarillado por $126.154 millones
• Aseo por $24.813 millones
• Riesgo por $17.758 millones
• Rural Alcantarillado por $739 millones
Con el programa Agua al Campo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, busca cerrar las brechas en materia de cobertura, continuidad y calidad en las zonas rurales del país, a través de la implementación de esquemas diferenciales. El programa está dirigido a municipios vinculados a los Planes Departamentales de Agua, prestadores rurales y comunidades organizada
Contemplar un especial enfoque a la atención del abastecimiento de agua y el saneamiento básico en las zonas rurales, con el fin de reducir la brecha existente frente a las zonas urbanas.
Por lo anterior, el Ministerio través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico -VASB, estructuró conjuntamente con el DNP el documento de CONPES 3810 de 2014 de Política, con el objeto de cumplir con lo dispuesto por el PDN 2010-2014: “Definir una política integral de acueducto, alcantarillado y aseo para el sector rural, que se financie con aportes de la Nación y entidades territoriales, la cual debe estar articulada con las estrategias de vivienda rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.
El MVCT define el “Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural” con el objetivo estratégico de asegurar el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales y su gestión sostenible, a través de soluciones tecnológicas apropiadas y procesos de participación activa de las comunidades.a, el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Zonas rurales, es una estrategia de alcance nacional que beneficiará a todas las zonas rurales de Colombia, priorizando acciones en las regiones pertenecientes al Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. el plan definido en el presente documento hace parte integral de la estrategia sectorial para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 que se refiere a lograr garantizar para 2030 la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. A su vez, el presente Plan está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y lo establecido en la línea B. Agua limpia y saneamiento básico adecuado:
hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa, del Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos:
agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos.
El presente documento tiene por objetivo analizar los datos de coberturas a nivel nacional de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con fuente la información de la vigencia 2020 reportada por los entes territoriales en el año 2021, en donde se evidencian los lugares de mayor atención por parte del gobierno, discriminados por tipo de servicio y región. Asimismo, se expone un estado del panorama nacional respecto al estado de las metas 6.11 y 6.22 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.
ARTÍCULO 3. Competencias de los departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en otras normas legales, corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias relacionadas con la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico:
1. Concurrir a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico mediante la promoción, estructuración e implementación de esquemas regionales.
2. Promover, coordinar y/o cofinanciar la operación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.
3. Asegurar que se preste a los habitantes de los distritos o municipios no certificados en agua potable y saneamiento básico, de manera eficiente, los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, en los términos de la Ley 142 de 1994.
4. Administrar los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación para Agua Potable y Saneamiento Básico de los distritos y municipios no certificados, con excepción del Distrito Capital de Bogotá.
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de la forma de relacionamiento con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. El programa de Gobierno propone que las transformaciones se realicen teniendo como punto de partida el territorio
La presente Resolución adopta el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (PNRECFC), formulado en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que tiene como objetivo general incrementar la productividad agropecuaria y promover el desarrollo rural integral en las zonas con agricultura campesina, familiar y comunitaria a través del aprovisionamiento de infraestructura de riego drenaje y control de inundaciones. El Plan será ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), y sus avances reportados a través del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO).
La presente Estrategia "Coseche y Venda a la Fija" - Agricultura por Contrato, tiene como Objetivo general contribuir a reducir la incertidumbre y riesgos que caracterizan los procesos de comercialización agropecuaria, a través de la venta anticipada de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera de pequeños y medianos productores rurales, a la industria, grandes superficies comerciales y mercados finales, buscando generar menor intermediación y una mayor equidad en la distribución de las utilidades producidas a lo largo de la cadena de comercialización agropecuaria.
La Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques constituye la Estrategia Nacional REDD+ del país a instancias de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC). La Estrategia es un instrumento estratégico de alcance nacional cuyo objetivo general es reducir la deforestación y la degradación de los bosques, promoviendo y estableciendo una gestión forestal en el territorio colombiano, bajo un enfoque de desarrollo rural integral sostenible, que coadyuve al buen vivir de las comunidades locales, contribuya al desarrollo local y aumente la resiliencia ecosistémica fomentando la adaptación y mitigación del cambio climático.
El objetivo de la Política nacional de cambio climático es incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que este genera.
El presente instrumento tiene por objeto promover la gestión sostenible del suelo en Colombia, en un contexto integral en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de los colombianos.
El Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y de la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del Programa
Este documento presenta inicialmente un contexto general de la temática de cambio climático con énfasis en la adaptación, para dar paso a los resultados de caracterización general de actores frente a los procesos de planificación en el tema central, seguido de los proyectos identificados en el municipio que están impactando componentes para la adaptación y por último los proyectos, acciones o medidas que se identificaron como necesarias para abordar más fuertemente la adaptación en el municipio de Tuluá.
El Portafolio de Estrategias para la Adaptación al Cambio Climático del Municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, es un documento elaborado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en 2013 que establece las acciones prioritarias para la adaptación al cambio climático en el municipio. El documento se basa en un análisis de los impactos potenciales del cambio climático en el municipio, así como de las capacidades y limitaciones para la adaptación.
Con el propósito de impulsar el desarrollo de la agricultura familiar y la economía campesina, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), llevará a cabo un plan de riego y drenaje para garantizar el acceso al agua a pequeños productores.
El marco estratégico de la política está orientado a mejorar la productividad agropecuaria mediante la provisión de servicios públicos de riego, drenaje y protección contra inundaciones. Se establece objetivos que se enfocan en consolidar información para mejorar la planificación, promover la coordinación interinstitucional para la ejecución de los proyectos, mejorar la eficacia y eficiencia de las inversiones para lograr un mayor impacto en la productividad agropecuaria, y actualizar el marco legal para la implementación de la política de ADT. La política propone un enfoque integral para el desarrollo de proyectos de adecuación de tierras, que incluye la complementación de los componentes de riego, drenaje y protección contra inundaciones con otras actividades como la asistencia técnica, la comercialización, el acceso a activos productivos, la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Además, se enfatiza la necesidad de una mejor gestión de la información, la articulación interinstitucional, la optimización de las inversiones y la actualización del marco normativo para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de ADT a largo plazo.
La Política tiene como objetivo central promover la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural, con la intención de generar condiciones adecuadas para la provisión de bienes y servicios, inversión, innovación, emprendimiento y desarrollo agroindustrial, para así mejorar el bienestar y la equidad de la población rural. Esta política se estructura en tres pilares fundamentales: Desarrollo Rural, Productividad + Rentabilidad = Competitividad, e Institucionalidad Moderna y Tecnificada. El pilar de Desarrollo Rural se centra en la ordenación social y productiva de la tierra, la inversión en bienes y servicios públicos, y la generación de ingresos mediante la empleabilidad y el emprendimiento rural. La formalización de la propiedad rural es un componente clave, buscando generar seguridad jurídica y fomentar la inversión. Se prioriza la inclusión de mujeres y víctimas de abandono y despojo, mediante técnicas de barrido predial masivo y la actualización del marco legal, como la modificación de la ley 160 de 1994 y el Decreto 902 de 2017. También se enfoca en la provisión de infraestructura y servicios públicos, mejorando la conectividad vial y digital, y ampliando la infraestructura de riego y drenaje a través de asociaciones público-privadas. El segundo pilar, Productividad + Rentabilidad = Competitividad, abarca la transformación y ordenamiento de la producción agropecuaria, la gestión de riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad alimentaria, y la inversión y financiamiento. Busca mejorar la productividad mediante la investigación y desarrollo tecnológico, la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles, y la mejora de la infraestructura y logística. Se propone la creación del Plan Nacional de Riego y la implementación de un sistema de información de adecuación de tierras, con el objetivo de incrementar la productividad agropecuaria y la gestión eficiente del recurso hídrico. El pilar de Institucionalidad Moderna y Tecnificada incluye acciones transversales a los dos pilares anteriores. Se enfoca en fortalecer la institucionalidad del MADR y las entidades sectoriales, promover la articulación interinstitucional y territorial, y mejorar la capacidad técnica y operativa. Se busca avanzar en la reglamentación e implementación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), el cual incluye la investigación, extensión y formación agropecuaria, promoviendo un enfoque integral y sostenible en el acompañamiento a los productores.
La Política establece un marco para el manejo sostenible del agua, considerando tanto las necesidades socioeconómicas como la protección de los ecosistemas. El objetivo es equilibrar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales, particularmente en contextos agrícolas. La política aborda varios desafíos, como la insuficiente información sobre el uso y manejo del agua, la contaminación por actividades agrícolas e industriales, y la vulnerabilidad del suministro debido a fenómenos climáticos extremos como El Niño y La Niña. Para enfrentar estos retos, la política incluye estrategias para mejorar la planificación, la administración y la normativa relacionada con la gestión del agua. Entre las medidas específicas se destacan la incorporación de la gestión de riesgos climáticos en los planes de ordenación territorial y el desarrollo de programas de uso eficiente y ahorro de agua en la agricultura. Además, se promueve la participación activa de los usuarios del agua, incluyendo agricultores, en la toma de decisiones y en la vigilancia de las inversiones y acciones realizadas. También se fomenta una cultura del agua que sensibilice a la población sobre la importancia de su conservación y uso sostenible.
La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de Colombia reconoce al sector agroindustrial como estratégico debido a su alto potencial de exportación y crecimiento, especialmente en áreas como azúcar, flores, banano y biocombustibles. Este sector, intensivo en el uso de recursos, muestra un significativo potencial de optimización en el uso de energía, agua y materias primas. La política subraya la importancia de implementar buenas prácticas y tecnologías limpias para reducir la huella de carbono y aprovechar los residuos. La agroindustria está en un proceso constante de transformación, lo que la hace sensible a las estrategias de sostenibilidad, contribuyendo de manera directa a las metas generales de la política.
El Plan de Acción tiene como objetivo principal abordar de manera integral los riesgos de inundación en esta región, promoviendo un enfoque preventivo y adaptativo. El plan incluye tanto intervenciones estructurales, como la construcción de diques y viviendas adaptadas, como no estructurales, que buscan reducir la vulnerabilidad social y económica de la población, fortaleciendo su resiliencia frente a las amenazas naturales. Además, se enfoca en la recuperación y conservación de la riqueza natural y el patrimonio cultural de la región, garantizando un desarrollo sostenible. El plan también contempla la adaptación al cambio climático, considerando las características específicas de La Mojana, un delta con alta vulnerabilidad a inundaciones, y se implementará a través de un modelo de priorización y análisis costo-beneficio.
La Estrategia tiene como objetivo primordial fortalecer la resiliencia del sector agropecuario colombiano frente al cambio climático. Se estructura en torno a cinco líneas estratégicas que incluyen: la generación y uso de información agroclimática, la implementación de prácticas sostenibles, la mejora de la resiliencia frente a eventos climáticos extremos, la promoción de inversiones en desarrollo rural bajo en carbono, y la coordinación interinstitucional. Estas acciones buscan no solo minimizar la vulnerabilidad climática del sector, sino también mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. Dentro de esta estrategia, se destaca el concepto de agricultura climáticamente inteligente, el cual se enfoca en prácticas agrícolas que aumentan la productividad de manera sostenible y contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El plan enfatiza la importancia de técnicas adaptadas al contexto colombiano, como los sistemas silvopastoriles y el establecimiento de cultivos resistentes al clima.
La NDC de Colombia incorpora tres componentes: mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), adaptación al cambio climático, y medios de implementación. Define metas y medidas para la gestión del cambio climático para el periodo 2020-2030, estableciendo sinergias con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Integra consideraciones de derechos humanos, equidad intergeneracional, transición justa de la fuerza laboral, igualdad de género, enfoque diferencial a comunidades étnicas y poblaciones vulnerables, integridad de los ecosistemas, protección de la biodiversidad y erradicación de la pobreza.
Marco Institucional
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio define e implementa la política pública a través de programas y proyectos que articulen el acceso al agua, saneamiento básico, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, gestión integral del recurso hídrico, soluciones de vivienda y la sostenibilidad, adaptados a las necesidades de los territorios para mejorar la calidad de vida de la población.
El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico se encarga de promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas, programas, proyectos y regulación para el acceso de la población a agua potable y saneamiento básico.El Ministerio expide la reglamentación correspondiente, fórmula programas y apoya financieramente cuando el municipio no pueda atender directamente las inversiones que se requieran.
Es una entidad del orden nacional, creada mediante el artículo 69 de la Ley 142 de 1994, como Unidad Administrativa Especial con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, regida por la Constitución Política y por la ley; sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Mediante el Decreto 1524 de 1994 le fueron delegadas las funciones, relativas al señalamiento de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que el artículo 370 de la Constitución Política le encomienda al Presidente de la República.Su objetivo principal es mejorar las condiciones del mercado de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del país y contribuir al bienestar de la población colombiana. Fija las reglas que deben cumplir todas las empresas prestadoras de los servicios públicos (ESP) de acueducto, alcantarillado y aseo.
1.Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en los temas de competencia de la Superintendencia.
2. Adoptar las políticas, metodologías, estrategias y procedimientos para ejercer la supervisión sobre las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control y las demás actividades a las que les aplican las Leyes 142 y 143 de 1994.
3. Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento por parte de los vigilados de las disposiciones que regulan la debida prestación de los servicios públicos domiciliarios y la protección de los usuarios.
4. Vigilar, inspeccionar y controlar la correcta aplicación del régimen tarifario que fijen las Comisiones de Regulación respectivas, por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.
5. Expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información, las cuales deberán producirse en el marco de la Constitución Política y la Ley 1314 de 2009.
6. Expedir, cuando la Nación así lo requiera para el otorgamiento de subsidios, la certificación sobre la correcta aplicación de los decretos municipales de adopción al cobro de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios por parte de las empresas prestadoras.
7. Adoptar las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto producto del silencio administrativo positivo señalado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, o en la norma que lo sustituya modifique o derogue.
8. Administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información - SUI, que se surtirá de la información proveniente de los prestadores' de servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, para que su presentación al público sea confiable, conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994.
9. Proporcionar a los vocales de control la capacitación que les permita organizar mejor su trabajo de fiscalización, y contar con la información necesaria para representar a los Comités de Desarrollo y Control Social.
10. Comprobar la incapacidad técnica, jurídica y económica de los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que se nieguen a expedir la certificación de la viabilidad y disponibilidad inmediata de prestación de estos servicios públicos domiciliarios y ordenar, cuando corresponda, el otorgamiento de dicha viabilidad y disponibilidad.
11. Definir la asimilación de actividades principales o complementarias que componen la cadena de valor de los servicios públicos y la obligación de constituirse como empresas de servicios públicos domiciliarios.
12. Vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia y control de la Superintendencia cumplan con las normas en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información y aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones a las mismas.
13. Vigilar que los prestadores de servicios públicos domiciliarios publiquen las evaluaciones realizadas por los Auditores Externos de Gestión y Resultados por lo menos una vez al año, en medios masivos de comunicación en el territorio donde presten el servicio si los hubiere, y que sean difundidas ampliamente entre los usuarios.
14. Impartir instrucciones a los vigilados para que exijan únicamente los requisitos, trámites o procedimientos estrictamente necesarios.
15. Conocer de las apelaciones contra las decisiones de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia, de estratificación socioeconómica cuando ésta no haya sido adoptada por decreto municipal o distrital, en los términos del parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley 732 de 2002.
16. Resolver los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos mediante los cuales se decida la constitución de los Comités de Desarrollo y Control Social y las elecciones de sus juntas directivas, a que hace referencia el inciso 9 del artículo 10 de la Ley 689 de 2011.
17. Emitir los conceptos que en marco del procedimiento de toma de posesión y/o liquidación correspondan al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en los términos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus Decretos reglamentarios, en tanto sean pertinentes y conforme a la remisión contenida en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994.
18. Exigir modificaciones a los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos, que no se ajusten a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 o demás leyes que la modifiquen, sustituyan o complementen.
19. Sancionar, de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 80 de la Ley 142 de 1994, a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios.
20. Ordenar la separación de los gerentes, miembros de las juntas directivas, de las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuando se presente un incumplimiento reiterado de los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad.
21. Ordenar la liquidación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios intervenidas, cuando a ello hubiere lugar.
22. Expedir la certificación con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sobre el valor aceptado del cálculo actuarial de los prestadores de servicios públicos, en los términos señalados en la normativa vigente.
23. Autorizar los mecanismos de normalización de pasivos pensionales, que le sean solicitados, previa verificación y análisis del estudio actuarial correspondiente, de conformidad con la normativa vigente.
24. Las demás que le señale la Constitución o la ley.
Es una organización social, cívica y comunitaria, de naturaleza solidaria, sin ánimo de lucro, de carácter privado, autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, compuesta por los habitantes mayores de 14 años de un barrio, vereda o un territorio, que se organizan con el objetivo de solucionar los problemas más sentidos de su comunidad.
Son un número plural de personas afiliadas tanto al régimen Contributivo, Subsidiado y de la población pobre y vulnerable (vinculada), que tienen derecho a recibir servicios que promuevan su salud y a utilizar los servicios de salud de acuerdo a su sistema de afiliación y los demanden, ellos velaran fundamentalmente por la calidad del servicio y la defensa de los derechos y deberes de todos los usuarios.
En la Ley 1176 se les otorga el deber de brindar servicios publicos como es el caso de la prestación de agua
Es un Sistema de información georreferenciado, con datos sobre comunidades, sistemas, prestadores de servicios y prestadores de asistencia técnica. Permite la captura y procesamiento de datos, para facilitar las acciones de planeación, seguimiento, análisis, generación de reportes y toma de decisiones.El uso del SIASAR facilita; i) Diagnosticar la situación de los servicios de agua y saneamiento básico en el territorio rural del país, ii) Apoyar la planificación, coordinación y evaluación de las acciones de los diferentes actores del sector, iii) Monitorear la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento rural, iv) Registrar el desempeño de los prestadores de asistencia técnica, incluyendo sus limitaciones en logística, v) Medir eficiencia y efectividad de los proyectos en el sector.
En 1955 el acueducto se desvinculó del tranvía y se unió al sistema de alcantarillado, creando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-, mediante el acuerdo 105 del Concejo Administrativo de la ciudad.Se empezó el desarrollo de estudios para traer más agua a Bogotá y comenzó la construcción de la planta de tratamiento Tibitoc que terminó en 1959 con una capacidad inicial de 3.5 metros cúbicos por segundo. Las 2 ampliaciones posteriores permiten hoy contar con una capacidad de 10.4 metros cúbicos por segundo. Esta planta se constituyó en el primer sistema de gran envergadura de la ciudad. Se surte de las aguas del río Bogotá que llegan por bombeo a la planta.
Brindamos bienestar a los habitantes de los diez municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Copacabana, Girardota, Caldas y Barbosa. En el oriente antioqueño llegamos a los municipios de Rionegro y El Retiro mediante el manejo integral del ciclo del agua: suministro de agua de excelente calidad y recolección y tratamiento de aguas residuales, servicios que prestamos con calidad certificada de todas las fases del proceso.
EMCALI contribuye al bienestar y desarrollo del Valle del Cauca, prestando servicios con calidad, oportunos y comprometidos con el entorno, garantizando rentabilidad económica y social y brindando las condiciones que faciliten el progreso social y económico de la región.
Colombia es rica en agua, pero esa riqueza no llega a todos los colombianos. Aunque es uno de los nueve territorios del mundo con mayores recursos de agua, un tercio de su población urbana está afectado por estrés hídrico. A raíz del cambio climático y el crecimiento demográfico, la disponibilidad de agua ha venido disminuyendo durante las últimas dos décadas. Desde sequías extremas hasta inundaciones graves, Colombia ya está presentando síntomas de inseguridad hídrica en todo su territorio, que reflejan sus problemas de “exceso, escasez y contaminación” del agua.391 municipios ya están expuestos al riesgo de escasez de agua, y la tendencia a largo plazo indica que muchos más correrán la misma suerte.
Colombia
El cambio climático está incrementando las anomalías pluviales, y se prevé que las temperaturas medias aumentarán en hasta 2,14 grados hacia el final del siglo. El resultado probable será un mayor número de sequías e inundaciones, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos El Niño y La Niña, y la pérdida rápida y constante de glaciares, que ya han retrocedido un 60% en los últimos 50 años.
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